Acercando la Justicia a la ciudadanía

Reportajes

Los derechos, paso a paso III: derecho al divorcio

Hoy en día existen modelos de familia que hace varias décadas serían sencillamente impensables en Euskadi; donde ahora conviven parejas de hecho, matrimonios entre personas del mismo sexo o familias monoparentales… antes sólo existían dos opciones: el matrimonio heterosexual o la soltería.

Pareja enfrentada y gato en medio observándola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esa línea, las normas jurídicas y sociales establecían que el matrimonio era indivisible; esto significaba que aunque la relación fuese mala o nula, para la mayoría de la sociedad era difícil separarse legalmente. Con el fin de la dictadura franquista y la aprobación de la Constitución, se establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en el matrimonio, y las leyes se van adecuando a la nueva situación. Sin embargo, no será hasta 1981 cuando entre en vigor la conocida como Ley del divorcio. Esta Ley restableció, tras 49 años, la legalidad de la ruptura matrimonial.

Mertxe Agúndez, abogada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mertxe Agúndez, abogada, ararteko y  parlamentaria, ejercía la abogacía en la década en la que se legalizó el divorcio, y vivió de cerca los cambios políticos y sociales de finales de los 70; también fue militante feminista, y una de las mujeres que impulsó, entre otras cosas, la creación de Emakunde, el Instituto Vasco de la mujer. Recuerda sus años de estudiante de  Derecho como una época en la que la situación legal contrastaba con la necesidad de libertad. “Había aires de libertad que venían de Europa y la influencia de mayo del 68  en nuestras vidas fue enorme”, explica. Eran años de cambios sociales y políticos a todos los niveles, aunque desde su perspectiva, las cosas no fueron tan sencillas, la situación era complicada, ya que aunque la sociedad estaba cambiando, la falta de libertades dificultaba los avances: “queríamos modificar las leyes y luego vimos que aunque los cambios legislativos son  necesarios, no suelen ser  suficientes para cambiar las costumbres y prácticas colectivas”.

Las mujeres vivían en minoría de edad

Respecto al divorcio, Mertxe Agúndez explica “cuando estudié la carrera de Derecho, a finales de los 60, comienzos de los 70, no sólo no existía la posibilidad de divorciarse, sino que la situación de las mujeres en la leyes era de minoría de edad”. Con esta afirmación, hace referencia a la situación general que vivieron las mujeres hasta la década de los 70: el Código Civil que regía era del año 1889 –y estuvo vigente casi un siglo-. Este código relegaba a las mujeres al interior del hogar, y les asignaba las tareas domésticas y el cuidado de hijas e hijos. Sin embargo, esta responsabilidad no fue acompañada del poder de decisión, pues era el marido el que ejercía la patria potestad y disponía de los bienes. “Dentro del matrimonio, las mujeres casadas –explica Agúndez- debían obediencia al marido. Él era el representante legal de la mujer y el administrador, no sólo de los bienes gananciales (los ganados a partir del matrimonio) sino también de los propios de la mujer”. Las mujeres no podían, por ejemplo, comparecer por sí mismas en un juicio, ni tampoco adquirir bienes, sin el permiso del hombre de la casa. Esta situación se mantuvo hasta 1975, que fue el año en el que desapareció la licencia marital.

Además, las mujeres estaban sometidas a un riguroso control social que se plasmaba en delitos como el adulterio, con el que se castigaba a las mujeres casadas aunque las relaciones fueran esporádicas. Para los hombres, en casos similares, existía el amancebamiento -que a diferencia del adulterio, exigía reiteración y notoriedad-. Hasta 1978 no desaparecieron esos delitos.

Además, el destino de las mujeres era el matrimonio

Partiendo de un Código Civil de 1889 y una sociedad desarrollada bajo la dictadura de Franco con el auspicio del Papa y los sectores más conservadores del Vaticano, las mujeres pasaban de la tutela de su padre a la de su marido. “Hasta la generación de nuestras madres, (según Mertxe Agúndez) el destino de las mujeres era el matrimonio o  el convento. Era habitual que si tenían un trabajo remunerado lo dejaran al casarse para dedicarse al cuidado de la familia. Sin embargo, en los años 70, ya había parejas que establecían sus relaciones sin ningún tipo de compromiso matrimonial,  aunque no existiera impedimento para ello. Simplemente querían vivir sin ataduras”. 

Manifestación y pancarta contra la ley del divorcio en la década de los 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El divorcio llega mucho más tarde que en el resto de Europa

Los cambios sociales que se estaban produciendo con la Constitución y la necesidad de  acercamiento a Europa, hicieron posible la regulación del divorcio. Para la mayoría de la sociedad era un derecho democrático que llegaba tarde. Aunque España fue uno de los últimos países en legalizarlo, no fue tan sencillo conseguirlo. De hecho, hubo que esperar tres años, hasta 1981, para que se aceptara el divorcio. “En parte, podría ser consecuencia de que las relaciones personales y familiares estaban circunscritas al ámbito privado –analiza Mertxe Agúndez-, y la vida política y social tenía otras prioridades”. Hasta 1980 las separaciones estuvieron en manos de tribunales eclesiásticos –esto significa que era la Iglesia quien decidía si una pareja se podía separar o no- y a pesar de que la Constitución Española declaraba la aconfesionalidad del Estado, la jerarquía eclesiástica pretendía seguir imponiendo su criterio al conjunto de la sociedad. Agúndez es muy crítica a este respecto, y puntualiza con ironía que “las mismas autoridades eclesiásticas que se negaban a aceptar el divorcio como un derecho, venían practicando nulidades matrimoniales, con procesos muy costosos, para un sector concreto de la sociedad”. Lo cual significaba que existían realidades diferentes para las parejas que querían divorciarse, dependiendo de su origen social o su poder adquisitivo.

No fue un logro sencillo

Durante los tres años que tardó el proceso de legalización del divorcio, los sectores conservadores presionaron primero para que no se aceptara el divorcio y, después, para que la ley fuese muy limitada y exigiese muchas condiciones para poder llevarse a cabo.

Por otro lado, tal y como se puede comprobar en el manifiesto “Por una ley de divorcio progresista” firmado por diferentes sectores de las sociedad vasca, la sociedad en general apoyaba una ley progresista y adecuada a las necesidades sociales. En dicho manifiesto, firmado por sindicatos, partidos políticos, grupos feministas y comunidades cristianas de base, se solicitaba añadir cinco puntos para lograr una Ley de divorcio progresista: divorcio de mutuo acuerdo, total desaparición de la culpabilidad de los conyugues, eliminación del poder arbitral del juez en la concesión del divorcio, un procedimiento breve y económico y la garantía estatal para el pago efectivo y puntual de las pensiones. 

Certificado de matrimonio cortado por el medio con tijeras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor cambio fue el de las mujeres

El 22 de junio de 1981, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba la Ley de divorcio, que fue una Ley que se quedó a medio camino y no estuvo exenta de polémica, ya que entre otras cosas, UCD -el partido que gobernaba- quiso introducir una clausula de dureza que concedía prerrogativas a los jueces para retrasar o denegar el divorcio. La indisciplina de un sector del propio partido, motivó que la votación en el Congreso fuese contraria a la cláusula de dureza.

Aún así, La Ley del divorcio de 1981, aunque reconoció el divorcio de mutuo acuerdo, dilataba los plazos para conseguirlo al tener que solicitarse primero la separación; Mertxe Agúndez recuerda que  el mayor cambio fue el de las mujeres que empezaron a movilizarse y reclamar sus derechos. “Muchas, acudían a nuestros despachos, solas o acompañadas de alguna amiga para informarse. Querían libertad y en muchos casos protección para sus hijos e hijas. En los primeros años hubo más separaciones que divorcios porque la ley no permitía acceder directamente al divorcio. La falta de independencia económica hizo que muchas mujeres tuvieran que emplearse en trabajos precarios, porque nunca tuvieron un trabajo remunerado o lo habían perdido al casarse y tener hijos”.

La Ley de 2005

Hubo que esperar hasta 2005 para que la Ley del divorcio se reformara y de esa manera se acortaran los plazos y se  acelerasen los trámites. La ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, popularmente conocida como “el divorcio exprés”. Esta Ley eliminó el trámite de separación (que sólo permanece como opción voluntaria), y desapareció también la obligación de esperar un año tras la boda para acceder al proceso de divorcio. Hoy en día basta con presentar la demanda de divorcio directamente (sólo se exige que hayan transcurrido tres meses desde la boda) y que se propongan las medidas provisionales, de forma que el otro cónyuge pueda contraponer las suyas.

Según los datos del INE, La mitad de los divorcios registrados en España en los últimos 30 años se han producido tras la reforma legislativa de 2005. En 2017, concretamente, hubo en España 97.960 divorcios, y la duración media de cada matrimonio es de 16,6 años.

Todos estos datos reflejan el cambio social de la sociedad española en los últimos 30 años, que como Mertxe Agúndez puntualiza, “las modificaciones legislativas normalmente se producen por la necesidad de dar respuesta a problemas sociales. A veces responden a realidades nuevas. En otras ocasiones son realidades que ya existían, pero la falta de libertad las mantenía ocultas, como en el caso de las relaciones entre personas del mismo sexo y la necesidad de legalizar el matrimonio entre ellas”.
 

Publicado el 8 de noviembre de 2018. Leer más de:   Reportajes. ¡Añade un comentario!.
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Los derechos, paso a paso

Tras 40 años de dictadura y dos desde la muerte de Franco, en junio de 1977 se convocan elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado en España. Un año después, el 6 de diciembre de 1978, los ciudadanos españoles votan la Constitución, por la que se restablece la democracia siguiendo el modelo europeo de Estado social y democrático de Derecho, se adopta como forma de gobierno la monarquía constitucional y se prevé la distribución territorial del poder en Comunidades Autónomas.

A partir de esa fecha, la Carta Magna establece el Estado de Derecho y los derechos y obligaciones de los ciudadanos, tales como el derecho a la vida, el derecho a votar y a ser elegido o a la libertad sexual. Desde ese punto de partida, durante 40 años se han ido desarrollando diferentes Leyes que garantizan y/o regulan esos derechos.

Este mes comenzaremos una serie de reportajes en los que analizaremos la relevancia que tuvo para la ciudadanía el reconocimiento de esos derechos fundamentales y el desarrollo de los mismos, en los que  participaran personas expertas en la materia:

DERECHO A VOTAR

Urna con votos de las elecciones del sindicato único vertical, 1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dictadura franquista da los últimos coletazos

Tras la crisis generada por la segunda guerra mundial, Europa comienza a recuperarse económica y políticamente, y la década de finales de los 60 se convierte, en muchos países, en una época de cambio en la que emergen grupos sociales y culturales que se movilizan para exigir cambios: las manifestaciones a favor de los derechos civiles, por la liberación sexual, por los derechos de la mujer florecen, mientras en España, el régimen franquista hace lo posible por aislar a la población de cualquier tipo de influencia externa; los medios de comunicación, controlados por el estado, justifican un régimen ya en decadencia que prohíbe, entre otras cosas, votar, manifestarse o sindicarse libremente.

Pero más allá de la situación política y social, la económica mejora, y el crecimiento sostenido provoca que las clases medias y trabajadoras empiecen a plantearse la falta de libertad y a reivindicar sus derechos.

Estudiantes y trabajadores en lucha por el cambio

Juan Luis Ibarra, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, estudiaba Derecho en la facultad de Deusto en aquella década, entre 1966 y 1971. Comenzó a movilizarse con un grupo de estudiantes, porque el régimen les obligaba a sindicarse en el sindicato único, que era vertical y adscrito al régimen: “Queríamos libertad de sindicación, -explica- éramos estudiantes y nos reclamábamos como ciudadanos de izquierdas”. Sus recuerdos reflejan las diferentes realidades que existían en aquella época, cuando matiza que ”lo mismo que éramos unos pocos estudiantes los que nos movilizábamos, dentro del campus, cómo no, también había grupos de extrema derecha que iban armados con palos y demás”.

Juan Luis Ibarra, presidente del TSJPV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda con nitidez aquellos años de cambio, no sin una mirada crítica hacia las carencias que como estudiantes de clase media considera que tuvieron en la iniciativas que llevaron a  cabo, “en el País Vasco, los estudiantes entendimos muy bien la libertad, pero nos faltó descubrir que la libertad no se adquiere al margen del sistema institucional y también era deficiente nuestra cultura política -estoy hablando de los estudiantes de Deusto que proveníamos de una extracción social media y alta, en cuanto a poder adquisitivo-; esa cultura política la adquirimos poco a poco, en gran medida gracias a los trabajadores cualificados de la margen izquierda, que a partir de los 70 comenzaron a llegar a la Universidad: ellos nos aportaron la perspectiva de la solidaridad”, explica.

La reacción del sistema fue muy dura

Autoridades a la salida de un acto oficial, 1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vientos de cambio que azotaban los diferentes movimientos sociales, laborales y estudiantiles levantaron ampollas en el régimen, cuya expresión más dura fue la matanza de Atocha en 1977, en la que miembros de la ultraderecha española asesinaron en Madrid a 5 abogados laboralistas. Este fue un duro golpe que tuvo como objetivo amedrentar a las personas que luchaban por la democracia, pero no fue el primero, ya que antes se habían dado varios casos similares. Juan Luis Ibarra recuerda que en el País Vasco, concretamente, se dio el caso de Víctor Manuel Pérez Elexpe, un joven de 23 años de Portugalete, asesinado en enero de 1975 de un tiro por la espalda cuando repartía unos panfletos en los que llamaba a la solidaridad con los trabajadores en huelga de Potasas de Navarra.

Este fue uno de los casos que como abogado llevó el hoy en día presidente del TSJPV. También le tocó llevar varios polémicos casos, como el caso de la quema de 1.000 ejemplares  del cuento ganador del premio de cuentos Villa de Bilbao dispuesta por el alcalde de Bilbao en junio de 1981 por tratarse de un relato basado en la historia de una comuna libertaria en el que, a juicio de quienes decidieron la incineración, se incluían palabras malsonantes y soeces. Quizá por eso, o por la tendencia de izquierdas del bufete de abogados en el que Juan Luis Ibarra trabajaba, un día de la primavera de 1975 ametrallaron desde un vehículo en marcha los miradores del despacho produciendo un gran destrozo: “estábamos en Máximo Aguirre 5. Por suerte, no había nadie en la oficina aquel día”. Todos aquellos asesinatos y agresiones las llevaron a cabo grupos de extrema derecha, que a juicio de presidente del TSJPV, “intentaban parar lo inexorable, que era que el régimen no aguantaba y tenía que haber una transición”.

De la matanza de Atocha al Estado de Derecho

Eran años muy convulsos; en las manifestaciones se reclamaba el estado de derecho, y tras la muerte de Franco, en 1975 el rey Juan Carlos I de Borbón asumió la jefatura del estado; tras un periodo de presidencia franquista, en 1977 se convocaron las primeras elecciones constituyentes, que ganó el partido Unión de Centro Democrático -UCD- con Adolfo Suarez a la cabeza. Un año más tarde, España votó la Constitución, la norma suprema del ordenamiento jurídico español, que estableció la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. La Constitución española de 1978 establece, en su artículo primero, un «Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

Juan Luis Ibarra, que ejercía de abogado por aquel entonces, explica que en aquel momento las cosas no se veían tan claras como se ven ahora. “El paso de unas cortes elegidas democráticamente, en junio de 1977, a unas cortes constituyentes, en diciembre de 1978, en ese momento no lo vimos con claridad. Desde 1977 hasta 1978 se nos despistaron algunas cosas. No supimos ver lo importante que era la carta de derechos fundamentales, que para el momento era una carta muy adelantada”. Aclara que varios elementos les resultaban discordantes, como por ejemplo, el hecho de que en los primeros artículos de la Constitución, en el titulo primero, existieran elementos muy dispares: “Junto con una declaración de los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo como valores superiores del ordenamiento jurídico, se habla del papel del ejército como garante. Esos valores -esos grandísimos principios que a posteriori han dado un juego tremendo, junto con el artículo 9, que impone a los deberes públicos el deber de eliminar los obstáculos que impidan o dificulten que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas-; pero junto con esos principios, había otros que eran claramente dar un aliento al pasado”, puntualiza, refiriéndose al artículo 8 de la Constitución, en el que sitúa a las Fuerzas Armadas como garantes de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Juan Luis explica tras tantos años bajo el yugo del ejército franquista, mucha gente no entendió aquel juego, y por eso muchos votaron no a la constitución.

Manifestación a favor del Estatuto de Autonomía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referendum del Estatuto de Autonomia en 1979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia del derecho a votar

Hizo falta un año de práctica del estado de derecho para que el ahora presidente del TSJPV Juan Luis Ibarra  percibiera la importancia de la lucha por el estado de derecho. “Es decir –aclara- nos dimos cuenta de que la lucha por la libertad de los años 70 y la lucha por el estado de derecho, en realidad eran la misma lucha”. “Los cambios se ven desde otra perspectiva cuando se es joven”, según el presidente, que reflexiona sobre  la actitud que tuvieron en aquella época. “Me acuerdo del padre de Gregorio Peces Barba, que era socialista; nosotros, que éramos jóvenes, nos mofábamos de la democracia formal, y él se asustaba, y nos decía: “Por favor, no os dais cuenta de lo importante es poder votar”. Nos decía que no nos dábamos cuenta de que la clave es la participación en la vida política. “Cuando se participa en la vida política puede haber retrocesos y avances, pero mientras puedas votar a tus representantes políticos, hay solución. Cuando no hay solución es cuando se cierra el sistema, se vuelve a una dictadura y no hay representación política”. Tenía razón, un año después votamos sí al Estatuto de Autonomía, y también participamos en las elecciones al parlamento vasco".

La situación hoy en día

Hace ya muchos años que el Estado de derecho se estableció, y se han creado muchas y diferentes leyes a partir de la Constitución, que a pesar de que “en algunos aspectos se ha quedado vieja, en aquel momento era una Constitución muy avanzada”, puntualiza el presidente del  TSJPV. Es evidente que ciertas regulaciones han generado malestar en diferentes ámbitos sociales y políticos, que hubo y habrá que revisar, pero es un tema cuando menos controvertido, ya que el derecho a votar es un derecho, pero está, en cierto sentido, limitado.

El presidente del Tribunal Superior opina que los medios de comunicación, en connivencia con las redes sociales, reconducen el malestar general en torno a ciertos temas convertidos en focos mediáticos, y que eso influye directamente en la visión que la ciudadanía tiene sobre el estado de derecho: “Estamos en un momento en el que por motivos distintos hay un cierto desprecio a la democracia como formalidad, como procedimiento, como estructura de garantía que hay que respetar, que te define un marco de juego, un camino, y tiene también que permitir expresarte en ese camino. La democracia es siempre un cauce pre ordenado y garantizado mediante procedimientos, los humanos no hemos sido capaces de inventar otro sistema mejor que pueda gestionar el común. Requerimos de procedimientos, requerimos de estructuras formales, y despreciar la forma es un error muy común de todos los jóvenes de todas las épocas. Yo desde luego cuando he sido joven lo he despreciado, pero lo que quizá no ha sucedido tanto como sucede en este momento es que ese desprecio de las formas pueda tener tanta influencia sobre la configuración cotidiana del estado de derecho”.

 

1979, manifestación a favor de los derechos de las personas homosexuales en Barcelona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando se actúa de manera  anárquica, al margen o forzando los cauces que previamente hemos decidido, etc., entonces eso no funciona bien”. Lo que a Juan Luis Ibarra le parece en este momento más grave, es el hecho de que la gente no sea consciente de que en nuestra vida como sociedad organizada políticamente hay cuestiones que no son decidibles, que entran en el ámbito de lo no decidible. ¿Por qué es así?  “Porque sobre esas cuestiones se han tomado decisiones adoptadas democráticamente en el proceso constitucional, que no se pueden cambiar a voluntad de la mayoría, cada día. Y sobre todo, que se sustraen al juego de mayorías y minorías. Por el juego de las mayorías podría llegar perfectamente el caso en que la mayoría decidiera que las personas no nacionales de un país, debieran abandonarlo; o que decidieran que ciertas tendencias sexuales, por ejemplo, tienen que ser llevadas a la hoguera, como si fueran brujas. Si eso ocurriera, a esa mayoría debiéramos decirle con toda contundencia que la mayoría social o política no tiene competencia “no tenéis capacidad para decidir eso”, porque entre lo indecidible está que eso no se puede hacer legítimamente; bueno, pues eso no es decidible sino a través de un previo cambio constitucional”.

Juan Luis Ibarra, subraya la importancia de poder decidir, pero puntualiza que en el juego democrático exige que haya ámbitos que estén precisamente protegidos por los derechos humanos, y que en esos ámbitos la mayoría no cuenta. “Esto creo que en la sociedad actual no se entiende, y sería muy importante que lo explicáramos, como creo que también sería muy importante que entendiéramos la división de poderes y de que las decisiones se toman a través de procedimientos.
 

Publicado el 22 de junio de 2018. Leer más de:   Reportajes. ¡Añade un comentario!.
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