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Los puntos negros del decreto sobre desahucios

Los  puntos negros del decreto sobre desahuciosLos  puntos negros del decreto sobre desahuciosLos  puntos negros del decreto sobre desahuciosLos  puntos negros del decreto sobre desahuciosLos  puntos negros del decreto sobre desahucios

El 15 de noviembre entraron en vigor las medidas para frenar los desahucios e intentar paliar la presión social. Unas medidas que se tomaron sin acuerdo entre las fuerzas políticas y, para muchos, lejos de ser una cura para los desahucios, puede resultar un mal parche.

El texto recoge que se paralizarán durante dos años todos los procesos judiciales o extrajudiciales iniciados a la fecha de entrada en vigor del RD, siempre que no se haya ejecutado el lanzamiento. Es decir, hasta el 15 de noviembre de 2014. Además, debemos concretar que lo que paraliza es el lanzamiento, no la ejecución ni los intereses de demora. Para que nos entendamos, la ejecución continúa y la deuda aumenta. Pasados los dos años, el desalojo se llevará a cabo.

Por otro lado, el Decreto dice que la moratoria solo se aplicará cuando la vivienda se haya adjudicado en subasta al banco (durante el proceso de desahucio, la vivienda se subasta). Entonces, cuando un tercero que no sea el banco adquiera la casa en la subasta, la familia deudora se quedará en la calle.

El Decreto pretende proteger a los colectivos más vulnerables, como familias numerosas, familias monoparentales con dos hijos a cargo, tener un hijo menor de tres años, algún miembro discapacitado o dependiente, deudores en desempleo y sin prestación o ser o convivir con una víctima de la violencia de género. Claro que la casuística es interminable. Puede darse el caso de que una familia monoparental con un solo hijo no pueda hacer frente a la hipoteca, lo mismo que una unidad familiar con hijos de 4 ó 5 años. Una familia de dos hijos también tendrá que abandonar la casa, salvo que uno de ellos sea discapacitado. ¿Acaso por ello tienen menos derechos?  Los jubilados sólo se salvan si tienen cargas familiares o son dependientes.

El Gobierno ha anunciado también la creación de un fondo de viviendas de alquiler. Este fondo se nutrirá de los inmuebles que bancos y cajas han embargado a otros ciudadanos. Así que un desahuciado puede recalar en la vivienda de otro desahuciado e incluso… ¿Se podría dar la posibilidad de que lo realojaran en su propia vivienda? Por el momento, se desconoce cuál será el precio exacto de estos alquileres, cuándo se creará el parque de viviendas ni cuántas habrá. Y un dato, un desahuciado continúa siendo deudor hipotecario, por lo que aún debe dinero al banco. Si carece de dinero para hacer frente a la deuda, ¿cómo va a pagar el alquiler por muy bajo que sea? ¿Le perdonarán la deuda?

Publicado el 26 de noviembre de 2012. Leer más de:   Actualidad normativa. ¡Añade un comentario!.

La justicia gratuita y las tasas judiciales, en el ring

La justicia gratuita y las tasas judiciales, en el ring de boxeo

El ministro de Justicia ha anunciado que elevará el umbral de ingresos para acceder a la justicia gratuita para que más personas sin suficientes ingresos puedan solicitarla. La medida forma parte del anteproyecto de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, presentado en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, entre sus palabras y lo recogido en el texto existe una diferencia.

Hasta ahora, el límite se realizaba calculando el doble del salario mínimo interprofesional. Si la reforma sale adelante, se calculará, según ha anunciado Gallardón, multiplicando 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con el que se calcula el umbral de ingresos para ayudas, becas, subsidios de desempleo, subvenciones… Sin embargo, el texto fija el listón de ingresos en el doble del IPREM. Y entre uno y otro, los números cambian.

En cifras, hasta el momento pueden solicitar asistencia jurídica gratuita quienes no perciben más de 14.910 euros brutos al año (1.242 euros al mes). Con la reforma –según Gallardón-, podrán solicitarla quienes ingresen anualmente un máximo de 15.975 euros brutos (1.331 euros).

Valiéndonos del texto del anteproyecto, el acceso se reduciría a quienes perciban menos de 1.065 euros. En la suma se incluye a la unidad familiar, lo que Justicia define para este caso como el matrimonio o pareja de hecho –o uno de sus miembros- y sus hijos menores, a la que se suman los hijos mayores de edad que convivan con sus progenitores o con uno de ellos y perciban ingresos. En este caso, sus ingresos también se sumarían al cómputo.  

Nos encontramos entonces ante dos posibilidades.

  • Si lo correcto es lo reflejado en el anteproyecto, se endurecerían los requisitos, excluyendo de la justicia gratuita a muchos ciudadanos que carecen de recursos para costearse un abogado.
  • Si se multiplica por 2,5 veces el IPREM, como ha anunciado Gallardón, se amplía el abanico de personas, lo que parece una buena medida. Pero si miramos la letra pequeña, ¿cómo es posible que más ciudadanos tengan abogado de oficio cuando el propio ministro insiste en que es necesario que las tasas judiciales financien la justicia gratuita y cuando tantas partidas sufren recortes? A más recortes, menos efectivos. Entonces, ¿cómo van a efectuar una buena defensa de los ciudadanos?

A estos cambios, hay que sumar el proyecto de ley de las tasas judiciales, que prevé que estas sirvan para financiar la justicia gratuita. Abogados, juristas, fiscales, peritos… Todos los colectivos judiciales han mostrado su rechazo a esta reforma, al considerarla anticonstitucional porque limita el acceso a la justicia. Para que nos entendamos. Si el proyecto de ley se aprueba, entraría en vigor el 1 de enero. Por tanto, a partir del próximo año si recurres una multa de tráfico de 200 euros, tendrás que pagar otros 450 euros en concepto de tasas judiciales, más los gastos de abogado y procurador… ¿Resulta rentable para ti?
 

Publicado el 12 de noviembre de 2012. Leer más de:   Ministerio de Justicia. ¡Añade un comentario!.