Acercando la Justicia a la ciudadanía

Los Colegios de la Abogacía de Euskadi atendieron 44.262 asuntos de Justicia Gratuita durante 2020, uno 18 por ciento menos con respecto a 2019, según datos recogidos en el XV Informe del Observatorio de Justicia Gratuita.

Por su parte, los 83 Colegios de Abogados de toda España atendieron 1.599.883 asuntos de Justicia Gratuita, un 19% menos que en 2019. Esta caída es consecuencia de la paralización de la actividad judicial durante casi tres meses debido al confinamiento y al estado de alarma por la pandemia de Covid-19.

En la presentación del XV Observatorio de Justicia Gratuita, realizado el 12 de Julio el Día de la Justicia Gratuita, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, destacó “la capacidad de resistencia del sistema” y “la absoluta disponibilidad de los profesionales”, a los que quiso hacer llegar su “reconocimiento” por una labor “que se ha prestado en tiempos de pandemia con las consecuencias que lleva consigo”.

• Consulta el XV Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita.
• ¿Necesitas Justicia Gratuita? Consulta los pasos que debes seguir y todos los requisitos en JustiziaEus, en el apartado sobre el Servicio de Orientación Jurídica.

En muchos de los pueblos en los que vivimos tenemos un Juzgado de Paz y nunca hemos acudido a él. En la mayoría de las localidades que no cuentan con un Palacio de Justicia (porque no son cabeza de partido judicial) tienen este tipo de juzgados, que tratan de dar a la ciudadanía un servicio sencillo dentro de la compleja Administración de Justicia como, por ejemplo, expedir el certificado de Fe de Vida y Estado.

Este certificado es el documento que acredita que una persona está viva y cuál es su estado civil. Para obtenerlo solo tendrás que presentarte en el Juzgado de paz correspondiente con el DNI. Para más información sobre este trámite visita el apartado del certificado de Fe de Vida y Estado en la Sede Judicial electrónica de JustiziaEus.

Además de expedir este certificado también se pueden realizar:

• Expedientes de matrimonio civil.
• Inscripciones de nacimiento.
• Inscripciones de matrimonio celebrado en el municipio donde tiene la sede el Juzgado de Paz (Iglesia o Ayuntamiento).
• Inscripciones de defunciones ocurridas en el municipio donde tiene la sede el Juzgado de Paz.
• Expedición de certificaciones en extracto y literales de nacimientos, matrimonios, defunciones (bien estén inscritas en dicho juzgado de paz, bien en otro, pues en este caso se solicitan de unos Registros Civiles y Juzgados de Paz a otros).
• Inscripciones de Capitulaciones Matrimoniales.
• Solicitudes de traslado de inscripciones de nacimiento o de matrimonio.

En cuanto a las demandas civiles y denuncias civiles que se pueden presentar en los Juzgados de Paz hay algunas excepciones. En el primer caso, solamente se atenderán aquellas que se refieren a reclamaciones de cantidad no superior a 90,15 euros. En el segundo caso, se puede acudir a poner una denuncia sobre cualquier hecho. Pero solo se celebrarán los juicios menos graves como pueden ser los hechos por insultos, coacciones, y algunos tipos de amenazas.

Y también se puede dar el caso de que una persona tenga que ir al Juzgado de Paz porque así se le ha solicitado. Esto suele ocurrir porque otro Juzgado puede pedir realizar algún acto de comunicación o alguna diligencia. Estas diligencias suelen ser importante y por eso es necesario que se avise al Juzgado de Paz en el caso que la persona citada no pueda acudir.

• Para más información, consulta el apartado de Juzgados de Paz en JustiziaEus.
   

Las tasas judiciales son un tributo que se deben abonar cuando una persona física o jurídica acude a los tribunales y hace uso de la Administración de Justicia. Es decir, cuando una persona quiere interponer una demanda o un recurso en el orden civil, contencioso-administrativo o social está obligado a pagar una cantidad de dinero por los servicios prestados (estas tasas no se aplicarán al orden jurisdiccional penal ni al militar). Pero, existen una serie de circunstancias en el que no se tienen que pagar estas tasas.

Las personas están exentas de las tasas judiciales en los siguientes casos (alguno de ellos con excepciones):

• Cuando las demandas o los recursos están relacionados con capacidad, filiación, matrimonio y menores.
• Cuando los trámites son sobre la protección de los derechos fundamentales.
• Cuando la persona deudora solicite el concurso voluntario de acreedores.
• Si el personal funcionario interpone un recurso contencioso-administrativo en defensa de sus derechos estatutarios.
• Cuando en un proceso monitorio o un proceso verbal no se reclame una cantidad superior a 2.000 euros.
• Cuando se interpone un recurso y hay un silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
• Cuando la demanda sea para la ejecución de los laudos dictados por la Juntas Arbitrales de Consumo.
• Cuando la persona que administra un concurso de acreedores inicia acciones en interés de la masa del concurso.
• Cuando se quiere dividir judicialmente un patrimonio.

También hay personas y entidades que nunca tienen que pagar tasas judiciales:

• Las personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita.
• El Ministerio Fiscal.
• La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
• Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

• Para más información sobre las tasas judiciales, visita “Qué son las tasas judiciales” en JustiziaEus.

El Ministerio de Justicia tiene al servicio de la ciudadanía un Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento, cuya finalidad es suministrar la información necesaria para que pueda conocerse por los posibles interesados si una persona fallecida tenía contratado un seguro para caso de fallecimiento, así como la entidad aseguradora con la que lo hubiese suscrito.  Es un registro público, al que puede acceder cualquier persona interesada.

Y es que tras el fallecimiento de una persona, sus familiares tienen que hacer diferentes trámites, entre ellos, comprobar si el fallecido tenía algún seguro contratado. Existen muchas personas que no conoce la existencia de este registro, y es importante tenerlo en cuenta ya que de otro modo, puede que alguna póliza quede sin reclamar.

Este certificado no informa sobre todos los seguros de la persona fallecida, sino que sólo es válido para los seguros de vida con cobertura de fallecimiento y los seguros de accidentes en los que se cubra la muerte del asegurado. Además, para presentar la solicitud hay un plazo limitado, porque el registro de contratos de seguros de fallecimiento guarda los datos durante cinco años, empezando dicho plazo en la fecha de la defunciónx.

Por lo tanto, si se quiere consultar dicho certificado, la persona interesada tendrá que acudir a la Gerencia territorial de Justicia, ubicada en Bilbao o a las Subdelegaciones del Gobierno en Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Para realizar la solicitud es necesario presentar el Certificado Literal de Defunción de la persona fallecida. Además de este documento, se ha de rellenar el formulario denominado Modelo 790. Una vez presentados estos documentos, los familiares obtendrán allí mismo el certificado de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.

El certificado de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento se puede solicitar presencialmente, por correo postal o por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.

• Recuerda que si el fallecimiento se ha producido en Euskadi puedes solicitar el certificado de defunción a través de la aplicación online de solicitud de certificados de JustiziaEus.
• Para solicitar el Certificado de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento presencialmente, debes acudir a las siguientes oficinas:
  • Bilbao, c/Elkano, 1
  • Donostia, plaza Pio XII, 6
  • Gasteiz, c/ Olagibel, 1
• Para solicitar el certificado de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento online, visita la página web del Ministerio de Justicia.

Cuando un familiar muere, uno de los primeros trámites que se debe hacer es pedir el certificado de Actos de Última Voluntad. Puede ocurrir que el fallecido o fallecida haya realizado testamento sin que sus familiares lo sepan. Por ello, es muy importante tener el certificado, ya que es la única manera de conocer el último testamento, el único que es válido.

Por lo tanto, para conseguir dicho certificado, los familiares deben acudir a la Gerencia Territorial de Justicia, ubicada en Bilbao o a las Subdelegaciones del Gobierno en Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Para realizar la solicitud es necesario presentar el Certificado Literal de Defunción de la persona fallecida. Además de este documento, se ha de rellenar el formulario denominado Modelo 790. Una vez presentados estos documentos, los familiares obtendrán allí mismo el Certificado de Actos de Última Voluntad.

También es importante saber que el trámite se ha de hacer en un plazo de 15 días hábiles a partir del día del fallecimiento -sin contar el día mismo del fallecimiento, ni sábados, ni domingos, ni festivos-.

El certificado de Actos de Última Voluntad se puede solicitar presencialmente, por correo postal o por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.

• Para solicitar el Certificado de Actos de Última voluntad presencialmente, debes acudir a las siguientes oficinas:
  • Bilbao, c/Elkano, 10
  • Donostia, plaza Pio XII, 6
  • Gasteiz,c/ Olagibel,
• Recuerda que si el fallecimiento se ha producido en Euskadi puedes solicitar el certificado de defunción a través de la aplicación online de solicitud de certificados de JustiziaEus.
• Para solicitar el Certificado de Actos de Última Voluntad online, visita la página web del Ministerio de Justicia.