La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, presentará hoy en Consejo de Gobierno las líneas maestras de uno de los proyectos estrella de su departamento: el Plan de Justicia Digital 2021-2026. Con él se pretende transformar y mejorar la gestión administrativa en los tribunales y agilizar las gestiones para la ciudadanía. Este trabajo es, además, uno de los ejes sobre los que girará el futuro Plan Estratégico de Justicia 2022-2028.
“Con este plan cambiaremos los sistemas tecnológicos actuales y los procedimientos en papel, y evolucionaremos hacia una Justicia altamente digitalizada, que sea más eficiente, menos costosa, y que preste un mejor servicio a las personas usuarias”, explica la consejera Artolazabal.
El Plan de Justicia Digital es fruto del trabajo colaborativo con los diferentes operadores jurídicos internos y externos en pos de la mejora del servicio público. En palabras de la consejera, “trata de aprovechar todo lo bueno que aporta la digitalización e, incluso, la inteligencia artificial para mejorar la organización y el funcionamiento interno de la Justicia y la forma en la que esta se relaciona con la ciudadanía”.
En este sentido, uno de los principales hitos de este plan será la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), que estará operativo en 2023, gracias, entre otras cosas, al convenio firmado por el Gobierno Vasco con el de Navarra para la utilización de su sistema de gestión informática Avantius.
“El núcleo del plan está apoyado en el EJE. Se disminuirá radicalmente la Justicia en papel y se impulsarán actuaciones y juicios digitales, incluso no presenciales. Habrá actividades basadas en la inteligencia artificial, como, por ejemplo, la textualización de vistas videograbadas o un traductor neuronal judicial”, explica Javier Landeta, director de Justicia Digital e Infraestructuras del Gobierno Vasco.
Landeta ahonda en los beneficios que aportará a la ciudadanía este plan, cuyo “producto más relevante acabará siendo la Carpeta de Justicia”, en la línea de la Carpeta de Salud de Osakidetza, y “la posibilidad de que el personal de Justicia trabaje en clave digital”.
En cifras
Tras la visita a la empresa navarra que gestiona Avantius, cursada por representantes del Ejecutivo vasco y de la Judicatura y la Fiscalía vasca, el proceso informático cuenta con un amplio respaldo de los y las profesionales que, sin duda, se verán afectados por su implantación.
Así, según las estimaciones del Departamento de Beatriz Artolazabal, el plan afectará a alrededor de 250 jueces y juezas, a un centenar de personas de Fiscalía y a otros dos centenares de la Abogacía de la Administración de Justicia, además de a más de 2.300 personas dependientes del Gobierno Vasco como personal de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, Medicina Forense y Personal Laboral.
Junto a ello, también se verán afectados casi 5.700 abogados y abogadas, 330 procuradores y procuradoras, medio millar de graduados y graduadas sociales y, de una manera más indirecta, más de un centenar de notarios y notarias, y más de 40 registradores y registradoras. Sin hablar de los miles de ciudadanos y ciudadanas o entidades variadas que se relacionan todos los días con el servicio público de Justicia.
“Fuimos referencia en informática judicial y, aún lo somos en organización de la oficina judicial, pero apostamos por hacer un gran esfuerzo en digitalización para que sigamos siendo referente en el Estado”, argumenta Artolazabal sobre este plan.
En este punto, la consejera aporta cifras del último año en cuanto a actividad digital: entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, se han realizado más de 115.000 videograbaciones y más de 17.000 videoconferencias; se han registrado más de 140.000 incidencias en el punto de contacto de personas usuarias del servicio de informática judicial y ha habido más de 1.130.000 accesos totales a justizia.eus.
El Plan de Justicia Digital 2021-2026, que parte de una estimación inicial de inversión de unos 100 millones de euros, se ha basado en un trabajo transversal necesario para su puesta en marcha: la actualización de las infraestructuras, tanto de las máquinas como de las redes de comunicaciones; la mejora de la seguridad de la información y la protección de datos para evitar ciberataques y proteger los derechos, y se ha mejorado la estructura de Servicios Informáticos.
“Este plan es una de las líneas estratégicas, una de las fundamentales y más urgentes, de otro plan mucho más amplio. El Plan Estratégico de Justicia 2022-2028, en el que seguimos trabajando y que presentaremos a lo largo del próximo año”, ha concluido la consejera Beatriz Artolazabal, quien ha fijado en nueve líneas de trabajo y 35 proyectos la actividad de los próximos seis años.
