Acercando la Justicia a la ciudadanía

Hasta ahora, cada Registro Civil y cada Comunidad Autónoma tenían sus propias normas a la hora de exigir documentación para la solicitud de la nacionalidad española. Para acabar con esta práctica y facilitar el trámite a los ciudadanos, el Ministerio de Justicia ha decidido unificar los criterios y publicar en el BOE una instrucción en la que se relaciona la documentación que han de aportar los solicitantes.

En el apartado 1 de la instrucción queda reflejado el objetivo de esta decisión: “…esta documentación tiene carácter tasado y los Registros Civiles no podrán exigir a los ciudadanos documentación diferente o complementaria, sino recabarla de oficio de las Administraciones Públicas conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo sesenta y tres de la Ley sobre el Registro Civil”.

• ¿Sabes qué documentación debes presentar para la solicitud de la nacionalidad española por residencia? Puedes consultar en Justizia.net los documentos que debes presentar en cada uno de los supuestos existentes.

Las aplicaciones móviles, conocidas como Apps, se han puesto de moda entre los usuarios de smartphones (teléfonos móviles inteligentes). Las tiendas de aplicaciones reciben más de 1.600 apps nuevas cada día y los usuarios y usuarias de estos terminales inteligentes se descargan cada vez más programas en sus móviles.

¿Pero realmente está garantizada la protección de nuestros datos con tanta descarga? Eso es lo que se ha preguntado el grupo de autoridades europeas de protección de datos que acaba de aprobar el primer Dictamen conjunto sobre la privacidad de las aplicaciones móviles. En el Dictamen se habla de la necesidad de que toda aplicación móvil cumpla la legislación sobre protección de datos de la Unión Europea.

En especial, el Documento se centra en las obligaciones de los desarrolladores de las aplicaciones pero también en las del resto de actores que intervienen en el proceso de distribución de las mismas; es decir, las tiendas que las venden, los fabricantes de sistemas operativos y dispositivos y los proveedores de servicios publicitarios.

Hay que tener en cuenta que cuando aceptamos instalar una aplicación en nuestro Smartphone podemos estar poniendo en peligro nuestra privacidad. Por ejemplo, un reciente estudio ha revelado que sólo el 61 por ciento de las 150 apps más descargadas cuenta con políticas de privacidad.

Los usuarios y usuarias de estas apps deberían poder controlar siempre sus datos personales. Y el hecho de de hacer “clic” en el botón “instalar” no debería suponer abrir la puerta de nuestros datos a cualquiera.

Pero ¿para qué puede querer alguien nuestros datos, imágenes o cualquier otra información que capture una app?

Investigadores británicos acaban de publicar un estudio que ha dejado desconcertados a los usuarios de “Facebook”. Estos científicos han elaborado un algoritmo que a través de los “me gusta” de esta conocida red social consigue averiguar con gran precisión datos sobre la raza, edad, sexualidad, orientación política y hasta coeficiente intelectual de los usuarios y usuarias.

Así que quién sabe lo que podrán averiguar con los datos que las apps obtienen de nuestros terminales.

Cuando roban un vehículo o los ladrones entrar en una casa es necesaria la figura de un perito para valorar los bienes que se han sustraído. Maria Isabel, una alavesa que se desplaza a Bilbao todos los días para trabajar, realiza unas 15 peritaciones a la semana para un juzgado de Bilbao.

En sus años de experiencia ha tenido que valorar todo tipo de de objetos: viviendas, daños en comercios, vehículos… Asegura que le encanta su trabajo aunque también hay ocasiones en las que lo pasa un poco mal cuando por ejemplo tiene que hacer la peritación de un vehículo siniestrado. “A veces ves unos golpes terribles, y lo primero que piensas es cómo estará la persona que iba dentro” confiesa Maria Isabel “pero en el momento que hablas con esa persona y ves que está bien, dices, bueno pues ya está”.

• ¿Quieres conocer el día a día de una perito de un juzgado? Lee en Justizia.net la entrevista completa a Maria Isabel, perito en Bilbao.

La reforma del Registro Civil prevista por el Gobierno de Mariano Rajoy establece que los jueces y juezas dejarán de celebrar bodas y que estas pasarán a ser competencia de los notarios. De modo que los futuros contrayentes deberán pagar una tasa para contraer matrimonio.

Según el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez, la cantidad a abonar por las parejas será inferior a los 100 euros, pero de momento se desconoce el precio exacto por la celebración de una boda.

Lo que sí que seguirá siendo gratuito son los actos obligatorios, como las inscripciones de nacimientos y defunciones, que realmente representan la mayoría de los trámites que se llevan a cabo en los Registros civiles.

• ¿Quieres conocer más sobre el funcionamiento de los Registros civiles? Consulta en Justizia.net todos los trámites que se llevan a cabo en el Registros civiles.

¿Tienes entre 18 y 65 años, no estás impedido física, psíquica o sensorialmente y tu vida profesional no gira en torno al mundo del Derecho? Debes saber entonces que es posible que alguna vez en tu vida seas elegido para formar parte de un jurado popular.

El primer juicio con jurado popular en España se produjo en 1996, un año después de que esta figura se regulara en la Ley del Tribunal Jurado. A continuación, te damos las pautas para que conozcas cómo se forma y qué delibera un tribunal popular.

• ¿Cómo se elige? Las audiencias provinciales realizan un sorteo público dentro de las dos últimas semanas de septiembre de los años pares entre las personas censadas en la provincia. Es decir, en 2012 se eligió a los ciudadanos que formarán parte de un jurado popular en el presente año y en 2014. En cada audiencia provincial se elige a 50 personas por cada juicio con jurado popular previsto en los siguientes dos años.
• ¿Qué requisitos se deben cumplir? Ser español y mayor de edad, saber leer y escribir, residir en la provincia donde se juzga el caso, no estar impedido física, psíquica o sensorialmente y carecer de antecedentes penales. Los abogados, jueces, altas personalidades del Estado y miembros de las Fuerzas de Seguridad no pueden ejercer como jurado popular.
• ¿Cuántas personas lo forman? Está integrado por nueve personas, más dos sustitutos. Los suplentes escuchan a las partes y asisten a todas las sesiones del juicio, pero sólo emiten su veredicto si uno de los titulares no puede hacerlo. 
• ¿Puedo negarme? Si cumples los requisitos, no. Sin embargo, existen excepciones. Tener más de 65 años, haber sido jurado en los cuatro años anteriores, sufrir un grave trastorno por razón de cargas familiares, quienes tengan un trabajo de relevante interés general, los militares profesionales en activo por razones de servicio y quienes aleguen cualquier otra causa que dificulte serlo.
• ¿Quiénes están incapacitados para ser jurado? Los condenados por delito doloso que no hayan obtenido rehabilitación, así como los imputados y acusados cuyo proceso judicial se encuentre en fase de juicio oral. También los detenidos o quienes se encuentren en prisión provisional o cumpliendo pena por delito y quienes, por procedimiento penal, estén suspendidos de su empleo o cargo público.
• ¿Qué delitos enjuicia? Sólo juzga procesos penales por delitos, nunca por faltas. Puede enjuiciar hasta doce tipos de delitos: homicidio, amenaza, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, infidelidad en la custodia de documentos o presos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
• ¿Qué decide? La participación de los acusados en los hechos que les son imputados, su inocencia o culpabilidad y la remisión condicional de la pena si cumple con los presupuestos legales al efecto, así como sobre la petición o no de indulto.
• ¿Está remunerado? Sí. Los titulares cobran 67 euros al día por dietas y los suplentes, 33,5 euros. A todos se les paga kilometraje o transporte público.

A pesar de la remuneración, el peso que cae sobre las personas seleccionadas para ser jurado popular es muy elevado. ¿Es justo que una persona sin conocimientos sobre derecho tome decisiones tan importantes como la inocencia o culpabilidad de una persona imputada en un delito?