Acercando la Justicia a la ciudadanía

¿Es posible el derecho al olvido?

¿Es posible el derecho al olvido?

Tecleamos nuestro nombre entrecomillado en un buscador y es posible que encontremos desde una multa, hasta un comentario que hayamos escrito en una web o que nuestro nombre aparezca asociado a un desorden público. Si alguna vez también se publicó en un Boletín Oficial o estuvimos incluidos en una lista de personas morosas, puede que aparezca. ¿Es correcto o tenemos derecho a pasar página, a ser olvidados?

El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) está analizando si es legítimo que esa información aparezca en los buscadores. En concreto, estudia si Google está sometido a la normativa europea y española de protección de datos y si debe reconocer o no el derecho al olvido. De momento, la pasada semana se celebró una vista pública en la que participaron Google, la Comisión Europea y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).  

El caso ha llegado a Europa después de que la Audiencia Nacional elevara al TJUE una cuestión prejudicial para saber cómo aplicar la normativa del derecho al olvido en los buscadores de internet. Google había recurrido cerca de 200 resoluciones después de que la Agencia Española de Protección de Datos le solicitara que no indexara a través de sus buscadores información que pudiera causar graves perjuicios a las personas afectadas. 

En concreto, el TJUE analizó el caso de un anuncio publicado hace años en La Vanguardia en el que se subastaba el inmueble de un hombre por impago a la Seguridad Social. Este ciudadano solicitó que el anuncio se retirara de la web, del diario y de los buscadores de internet, entre ellos Google.

La compañía estadounidense considera que es el proveedor del contenido el que debe eliminar dicha información. Así lo recordaba en un post su director de comunicación y asuntos públicos en EMEA, William Echikson. Ciñéndonos al anuncio analizado por el TJUE, es el diario catalán el que debe retirar el anuncio. Además, critica que, si la recomendación del TJUE es a favor de la AEPD, las futuras resoluciones actuarían en contra de su derecho a la libertad de expresión. ¿Soluciones que propone Google? Que las fuentes de información, en nuestro ejemplo, La Vanguardia- utilicen las tecnologías existentes que impiden a los motores de los buscadores encontrar esas informaciones. 

De momento, habrá que esperar entre nueve meses y un año para que el Tribunal Europeo emita un informe con las recomendaciones a la Audiencia Nacional. Después, esta fallará una sentencia para cada uno de los casos recurridos por Google.

¿Cuál será el dictamen?

Publicado el 8 de marzo de 2013. Leer más de:   Justicia digital. ¡Añade un comentario!.
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¿Qué es la mediación?

¿Qué es la mediación?

Dialogar. Buscar la mejor solución para las partes implicadas. Sin abogados. Sin juicios. Sólo con una tercera persona ajena a nosotros, que no condenará a una y librará a otra, si no que intentará que ambas partes cedamos y lleguemos a un acuerdo del que salgamos satisfechos.

Eso es la mediación, regulada por la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en vigor desde el pasado verano. Esta técnica se ha convertido en una alternativa a los juicios porque es más rápida y económica. Adiós a las complejidades, a las incertidumbres, a los largos tiempos de espera y, aunque no es gratuita, adiós a las tasas y a los costes de los procesos judiciales. Lejos quedaron los años de espera, ya que la ley contempla que la resolución no se demore más de un mes. 

Acudir a ella es voluntario. El mediador no nos juzgará, puesto que piensa que cada parte tiene su propia verdad y trabajará –y nos hará trabajar- para aportar soluciones que resuelvan las diferencias. Por ejemplo, puede ser un mecanismo para tratar de solventar los conflictos de ámbito mercantil. En las últimas semanas, Iberia y los sindicatos de la empresa han acudido a un mediador con el que tratar de adoptar medidas que frenen el despido de 3.800 trabajadores y pongan fin a las huelgas.

Otros casos en los que se puede recurrir a esta figura son los asuntos de familia, las reclamaciones por seguros, las reclamaciones de responsabilidad civil, los conflictos sucesorios, los que se dan dentro de una empresa familiar (grande o pequeña), o aquellas que surjan entre socios en la pequeña y mediana empresa. También media en los conflictos en las relaciones mercantiles entre empresas con clientes y proveedores, entre empresas franquiciadoras y franquicias, así como en arrendamientos de locales entre empresas, como centros comerciales.

La mediación, como voluntaria, rápida y económica parece una buena alternativa. ¿Has recurrido a ella? Cuéntanos tu experiencia.

Publicado el 4 de marzo de 2013. Leer más de:   Cooperación con la Justicia. ¡Añade un comentario!.
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Stop Desahucios ya tiene su hogar en Bizkaia

Stop Desahucios ya tiene su hogar en Bizkaia

La plataforma Stop Desahucios trabaja cada día para evitar que las familias pierdan su vivienda. Sin embargo, el colectivo careció de hogar hasta el pasado 18 de enero, cuando abrió sus puertas la primera oficina de Stop Desahucios en Bizkaia. 

El local se encuentra en Sestao, en un local cedido por el Ayuntamiento en el antiguo colegio Las Llanas (C/ San Diego, 3). Allí asesoran a cualquier familia residente en Bizkaia que se encuentre en riesgo de perder su vivienda. Cuentan también con un abogado y una trabajadora social para gestionar ayudas a las personas afectadas y estudiar la situación social de cada familia. La oficina abre de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Además, recuerda que el Departamento de Justicia dispone del Servicio de Mediación Hipotecaria. En él, un mediador tratará de llegar a un acuerdo entre la familia y la entidad financiera para encontrar la mejor forma de liquidar la deuda contraída. Si quieres saber más información, accede a la sección de Mediación Hipotecaria.

Pero, sobre todo, si te encuentras en riesgo de perder tu vivienda, no esperes hasta el último momento.
 

Publicado el 22 de febrero de 2013. Leer más de:   Cooperación con la Justicia. Un comentario.
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¿Qué es una iniciativa legislativa popular?

¿Qué es una iniciativa legislativa popular?

La iniciativa legislativa popular en los últimos días está en boca de todos y amparada al cobijo del artículo 87.3 de la Constitución. Gracias a ella, la ciudadanía puede proponer al Congreso de los Diputados iniciativas de ley. Para ello, es necesario recabar 500.000 firmas. A pesar de que se reúnan las rúbricas, no es fácil que un Gobierno acepte la opinión de la ciudadanía. En 35 años, sólo una iniciativa legislativa popular se ha convertido en ley y, para conocerla, hay que remontarse a 1999.

El entonces presidente del Consejo de Administradores de Fincas de España, Manuel Roberto Enguídanos, reunió 820.000 rúbricas para pedir la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Gracias a los cientos de miles de personas que firmaron, los morosos de las comunidades de vecinos ya no pueden salirse con la suya. Hasta la entrada en vigor de esa reforma, no sucedía nada si un vecino no pagaba los gastos de comunidad, aunque pasaran años sin abonarlos. Sin embargo, gracias a esa iniciativa, ahora las comunidades pueden demandar judicialmente a las personas morosas y, si un vecino no paga, no paraliza las obras que deban realizarse.

A pesar de que la historia dice que estas iniciativas tienen escasas posibilidades de fraguar, desde que Mariano Rajoy está al frente del Gobierno se han presentado 14 iniciativas legislativas populares. Cinco no se han admitido, dos se han rechazado, una ha caducado y cinco han tenido tiempo de ser presentadas. Una es la que nos ocupa estos días. La iniciativa presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha conseguido el apoyo de 1.402.854 ciudadanos. Otra, la que también se sometió a la votación del Congreso el pasado martes, es la proposición de ley para la regulación de la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural.

El pacto entre PP y PSOE para tramitar por vía de urgencia la iniciativa de la PAH puede abrir las puertas a que ésta se convierta en la segunda iniciativa que se transforme en ley en los últimos 35 años. ¿Qué sucederá?

Publicado el 19 de febrero de 2013. Leer más de:   Actualidad normativa. ¡Añade un comentario!.
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Veinte años de los acuerdos religiosos

Veinte años de los acuerdos religiosos

Retrocedamos a 1992, año en el que el Estado firmó los Acuerdos de cooperación con musulmanes, judíos y evangélicos. Estos acuerdos siguieron el modelo de los firmados en la Santa Sede en 1979. Con ellos, reconocían los lugares de culto y los efectos civiles del matrimonio religioso, la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, el derecho a la asistencia religiosa y a la educación religiosa y el régimen fiscal. También la celebración de sus festividades y el uso de denominaciones que les son propias, como kosher o halal (alimentos que judíos y musulmanes, respectivamente, pueden ingerir porque respetan los preceptos de sus religiones).

En aquel año, según el Registro de Entidades Religiosas, figuraban inscritas 541 entidades evangélicas, 13 comunidades judías y 44 comunidades musulmanes. En enero de este año, la cifra ascendía a 1.987 comunidades evangélicas, 28 judías y 1.251 musulmanas. Además, según los datos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia, en el Estado residen 1.200.000 musulmanes, cerca de un millón de protestantes y 35.000 judíos.

Como veis, en dos décadas el número de creyentes de estas confesiones ha ido en aumento. Sin embargo, advierten de que aún quedan muchos pasos por dar. Por ejemplo, lamentan que a través del IRPF sólo se pueda destinar dinero a ONG y a la Iglesia Católica, y no a otras confesiones y piden que se adapten los menús escolares a la religión del menor.

Y tú, ¿qué crees que queda por hacer?

Publicado el 15 de febrero de 2013. Leer más de:   Actualidad normativa. ¡Añade un comentario!.
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