¿Una Justicia a dos velocidades?

El Gobierno prepara un anteproyecto de ley para que los notarios asuman ciertas funciones que permitan liberar a los jueces de carga de trabajo y al mismo tiempo se agilice la Justicia. Sin embargo, son muchos los colectivos que se han mostrado en contra de esta medida y que consideran que lo único que se va a lograr otorgando más competencia a los notarios es crear una Justicia a dos velocidades: una lenta y gratuita y otra de pago y más ágil. Lo que también se podría traducir en una Justicia para ricos y otra para pobres.
El colectivo de notarios está formado por funcionarios públicos que no cobran del Estado, sino de los beneficios que obtienen con su propio trabajo a través de unos precios fijados por ley. La crisis del ladrillo también ha llegado a las notarías y por eso reclaman ahora ayuda del Gobierno para salir adelante. Y es que según datos del Notariado, sus ingresos han descendido desde enero de 2007 en más de un 70 por cierto.
Por eso, su presidente, Manuel López Pardiñas, defiende a capa y espada la propuesta de Gallardón de aumentar sus competencias. Pardiñas considera que así se podría evitar poner en peligro la viabilidad del sistema notarial, que se autofinancia íntegramente sin cargo alguno para los presupuestos del Estado.
Y ¿cuáles son las nuevas funciones que podrían asumir los notarios? Pues ellos hablan de celebración de matrimonios, divorcios sin hijos, declaración de herederos, adopción de mayores de edad…
Asociaciones de Jueces y Secretarios Judiciales rechazan mayoritariamente esta propuesta por considerar precisamente que va a propiciar una justicia a dos velocidades, rápida para los que tengan medios para sufragarla y lenta para los que no tengan medios.