Acercando la Justicia a la ciudadanía

El Ministerio de Justicia ha premiado una iniciativa del Gobierno Vasco en la primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en Justicia. El proyecto es una innovación en el campo de la formación y de la gestión del conocimiento entre el personal funcionario de la Administración de Justicia, al que se la ha dotado de tutorías personalizadas y cursos de formación online.

Es algo que todos pensamos, y la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco lo ha tenido claro: una organización sólo puede funcionar con parámetros de calidad si las personas que van a desempeñar unas determinadas funciones cuenta con la formación adecuada a las funciones de su nuevo puesto de trabajo. Por eso, puso en marcha la experiencia que ha resultado premiada y que ha conseguido que el personal funcionario, sobre todo interino, desempeñe sus tareas de forma eficiente desde un principio.

Tutorías y cursos online

Cuando una persona se incorpora a un nuevo puesto de trabajo dentro de la Administración de Justicia, y carece de experiencia en esa jurisdicción o materia, tiene la posibilidad de solicitar que otro compañero le forme en las tareas concretas que debe realizar. Los tutores proceden de una Bolsa que se creó al efecto, y en la que participan voluntariamente funcionarios que aportan su experiencia en algunas jurisdicciones concretas, y que se encargan de que el alumno aprenda lo más rápidamente posible los fundamentos básicos de la jurisdicción y el desarrollo de las tareas a realizar en ese puesto.

Los cursos online están orientados básicamente a funcionarios interinos a los que van llamando de las bolsas de trabajo y que nunca han trabajado, o no el tiempo suficiente, en un puesto como el que se encuentra vacante. Para estas personas es obligatorio realizar un curso de formación que se imparte en una plataforma e-learning.

Si quieres saber más sobre estos planes formativos, desarrollados por la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal, accede al apartado de la Nueva Oficina Judicial en Justizia.net. Y si estás interesado en conocer todos los proyectos galardonados en la primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en Justicia accede a la Orden JUS/2652/2011, de 22 de septiembre.

En casa desde el sofá, en la oficina, en la biblioteca con el portátil o en el centro comercial. Da igual el lugar, sólo se necesita un ordenador con conexión a Internet para conseguir los certificados requeridos en gestiones como el cambio de nombre y apellidos, el matrimonio civil e incluso para solicitar la nacionalidad. Y tan sólo a un click.

De esta manera, los desplazamientos hasta el Registro Civil o Juzgado de Paz, el gasto que puede suponer esto, las colas frente a la ventanilla y los tiempos de espera correspondientes pasan a mejor vida. Nos encontramos así ante un proceso en el que los servicios públicos se adaptan a las nuevas tecnologías, y la Administración de Justicia de Euskadi no se queda atrás.

Desde hace más de siete años, se puede acceder a la página web oficial, Justizia.net, para solicitar, vía on-line, los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Tan sólo en 2010 se realizaron 54.826 peticiones en toda Euskadi, de los cuales 31.217 fueron de nacimiento, 6.405 de matrimonio y 17.204 de defunción.

La ciudadanía no es la única favorecida. Antes, el personal de los Registros Civiles y los Juzgados de Paz debía acudir al archivo, buscar en los libros, sacar la fotocopia cuando lo encontrara y certificarlo. Un trabajo que les ocupaba entre diez y quince minutos. Ahora, todos los certificados de nacimiento y matrimonio a partir de 1950 están digitalizados (los de defunción desde 2009), por lo que no tienen más que buscar en la base de datos, tarea que tardan un minuto en realizar.

Esto implica una reducción del tiempo de espera para las personas que acuden al Registro Civil. La demora ha pasado de una hora como mínimo, a cinco minutos, dependiendo de la hora del día a la que lleguen.

“Una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender”. Este es uno de los principales objetivos del informe sobre modernización del lenguaje jurídico elaborado por un grupo de expertos.

El estudio, presentado recientemente por el Ministerio de Justicia, es una recopilación de recomendaciones sobre compresión y corrección lingüística para mejorar la redacción de los escritos. Está dirigido a abogados, procuradores, jueces, graduados sociales y al propio Ministerio de Justicia y entre sus páginas se pueden encontrar un sinfín de ejemplos de lo que no se debe hacer.

Uno de los temas tratados en el informe es la gramática. Por ejemplo, es muy común que los juristas se olviden de los puntos cuando escriben un párrafo y redacten frases que parecen no terminar nunca:

“Se sostiene por la parte actora que el sindicato USCA ha sido objeto de discriminación, pero para que pueda apreciarse la existencia de esta situación, lo primero que se precisa es que se fije un término comparativo, estableciendo respecto a qué o a quien se discrimina, lo que omite la actora ya que se limita a referirse a que el comportamiento de la demandada constituye una exclusión y un rechazo de esta entidad sindical, con el propósito de entorpecer y desprestigiar la actividad sindical de USCA , y ello resulta sumamente difícil teniendo en cuenta que más del 95% de los controladores aéreos de AENA están afiliados a este sindicato.”

Este tipo de párrafos son incomprensibles para cualquier persona. Se hace necesario leerlo al menos dos veces para entenderlo y todo porque en el texto faltan puntos, sobran comas…

Otro tema que gusta mucho a los juristas es la utilización de locuciones latinas. Sobre este asunto, el informe lo tiene claro; es imprescindible evitarlas o, al menos, incluir su traducción entre paréntesis:

• Ab intestato (cuando alguien muere sin haber hecho testamento).
• Ad hoc (cuando una acción o un medio material es idóneo para alcanzar un fin determinado).
• De iure (de conformidad a las leyes).
• Iuris tantum (que admite prueba en contrario).

En definitiva, está claro que los textos jurídicos nunca se van a redactar con el lenguaje de la calle. Estos textos deben ser muy precisos y para ello es imprescindible usar la terminología jurídica. Pero esto no significa que haya que hacer textos que en ocasiones parecen escritos en otro idioma. La ciudadanía en general no posee conocimientos jurídicos y los profesionales de la Justicia deben ponerse en su lugar cuando realicen escritos, formularios y cualquier otro texto que vayan a utilizar los ciudadanos de a pie.

Puedes consultar en la biblioteca de Justizia.net el informe completo sobre modernización del lenguaje jurídico.

En España se registra un divorcio cada cuatro minutos, se trata de una cifra preocupante y más aún en tiempos de crisis; ya que si no hay dinero para las hipotecas, menos dinero hay todavía para pagar además abogados y pensiones alimenticias.

Por eso, cada vez más parejas se interesan por la separación de bienes. Esta opción es una manera de dejar las cosas claras desde el principio y simplificar las decisiones económicas ante un eventual divorcio.

Y ¿cómo hay que actuar para acogerse a este régimen económico?

Es muy sencillo. Para optar por la separación de bienes es suficiente con otorgar capitulaciones matrimoniales ante Notario y, después, acudir al Registro para inscribirlas. Este trámite se puede hacer antes o después de la celebración del matrimonio.
 

Hace unas semanas se abrió la veda sobre el debate del copago en Justicia. Fue el consejero de de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Carbé, quien lanzó la propuesta de que todas las personas o empresas que acudan a la Justicia paguen por ello una tasa extra. Para Carbé, esta incitativa sería bien acogida por los afectados porque así se conseguiría agilizar el proceso.

Sin embargo, a lo largo de estas semanas han sido muchas las voces que se han pronunciado en contra de esta propuesta.

¿Qué supone el copago?

El copago judicial consiste en que cada ciudadano, empresa o cualquiera que sea el usuario de la Justicia abone una tasa por su uso. El objetivo de esta medida es, en primer lugar, agilizar los pleitos y disuadir a quienes hacen un mal uso de este servicio; y en segundo lugar, ahorrar.

Pero, ¿quién se beneficia con esta medida? Parece que los representantes políticos y la judicatura en general lo tienen claro. El más perjudicado será siempre el ciudadano de a pie que puede llegar a ver mermado un derecho fundamental como es el derecho al acceso a la Justicia; por el contrario, a las grandes empresas con sus equipos de abogados y su importante patrimonio apenas les supondría un esfuerzo abonar esa tasa.

¿Y tú qué opinas? ¿Crees necesario que la Justicia la paguemos entre todos o te parece más justo que los usuarios de la misma abonen una tasa especial?