Acercando la Justicia a la ciudadanía

El Gobierno prepara un anteproyecto de ley para que los notarios asuman ciertas funciones que permitan liberar a los jueces de carga de trabajo y al mismo tiempo se agilice la Justicia. Sin embargo, son muchos los colectivos que se han mostrado en contra de esta medida y que consideran que lo único que se va a lograr otorgando más competencia a los notarios es crear una Justicia a dos velocidades: una lenta y gratuita y otra de pago y más ágil. Lo que también se podría traducir en una Justicia para ricos y otra para pobres.

El colectivo de notarios está formado por funcionarios públicos que no cobran del Estado, sino de los beneficios que obtienen con su propio trabajo a través de unos precios fijados por ley. La crisis del ladrillo también ha llegado a las notarías y por eso reclaman ahora ayuda del Gobierno para salir adelante. Y es que según datos del Notariado, sus ingresos han descendido desde enero de 2007 en más de un 70 por cierto.

Por eso, su presidente, Manuel López Pardiñas, defiende a capa y espada la propuesta de Gallardón de aumentar sus competencias. Pardiñas considera que así se podría evitar poner en peligro la viabilidad del sistema notarial, que se autofinancia íntegramente sin cargo alguno para los presupuestos del Estado. 

Y ¿cuáles son las nuevas funciones que podrían asumir los notarios? Pues ellos hablan de celebración de matrimonios, divorcios sin hijos, declaración de herederos, adopción de mayores de edad…

Asociaciones de Jueces y Secretarios Judiciales rechazan mayoritariamente esta propuesta por considerar precisamente que va a propiciar una justicia a dos velocidades, rápida para los que tengan medios para sufragarla y lenta para los que no tengan medios.

La respuesta es sí, pero con condiciones. Todo depende de lo que queramos reclamar y de cómo queramos hacerlo.

Si lo que queremos reclamar es dinero existen dos procedimientos judiciales a disposición de todos los ciudadanos para exigir que te devuelvan determinadas cantidades sin necesidad de contratar los servicios de un abogado o un procurador. Se trata del Proceso Monitorio y del Juicio Verbal.

A través del Proceso Monitorio puedes reclamar una deuda de dinero, que ya esté vencida y que pueda ser exigible; de hecho, es imprescindible que tengas documentos que acrediten la deuda que exiges. Además, no hay límite de cantidad para hacer la reclamación y sólo debes tener en cuenta que si la cantidad de dinero que reclamas es superior de 2.000 euros sí que necesitarás contar con la asistencia de un abogado y procurador.

Si no cumples los requisitos legales para acceder a un procedimiento monitorio, puedes iniciar un Juicio Verbal para reclamar también deudas de dinero siempre que la cantidad no exceda de 2.000 euros.

Ambos procedimientos son totalmente gratuitos y no tienen fecha de caducidad. Por lo que puedes presentar la demanda en cualquier momento.

Lo primero que necesitas para iniciar tanto un Proceso Monitorio como un Juicio Verbal es un escrito inicial de demanda. En Justizia.net tienes a tu disposición tres impresos normalizados que te ayudarán a redactar este escrito:

• Impreso normalizado para reclamación de gastos comunes de comunidades de propietarios mediante Proceso Monitorio.
• Impreso normalizado para reclamación de cantidad mediante Proceso Monitorio.
• Impreso normalizado para reclamación de cantidad mediante Juicio Verbal.

Estos impresos debes presentarlos junto al resto de la documentación requerida en el Juzgado de Primera Instancia que le corresponda a la persona demandada según su lugar de residencia.

Aunque también debes saber que en el caso del Juicio Verbal hay algunas excepciones al respecto: si la deuda es de una empresa o de un profesional, se puede presentar en el lugar donde se desarrolla la actividad; si la deuda es inferior de 90 euros y en el municipio de la persona demandada no hay Juzgado de Primera Instancia, lo puedes hacer en el Juzgado de Paz; si reclamas las deudas de un alquiler, en el Juzgado que corresponda según el lugar donde esté la finca; y si lo que reclamas está relacionado con un accidente de tráfico, debes acudir al Juzgado de Primera Instancia del lugar del siniestro.

• Si quieres obtener más información sobre estos dos trámites, accede a JustiziaEus, el portal de la Administración de Justicia en Euskadi. Aquí podrás encontrar información detallada sobre ambos procedimientos y los pasos que debes dar para reclamar el dinero que te deben.
• En el apartado de Atención al Público de JustiziaEus puedes consultar los datos de contacto de todos los Juzgados de Primera Instancia de Euskadi.

Miles de familias vascas están perdiendo sus casas. No pueden afrontar el pago de la hipoteca y los bancos finalmente se están quedando con lo que hasta ese momento había sido su hogar.

Según datos de la Consejería de Justicia y Administración Pública, el número de desahucios en Euskadi se ha duplicado en los últimos cuatro años. Para acabar con esta lacra motivada por la crisis el Gobierno Vasco ha puesto en marcha un servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar. En palabras de la consejera Idoia Mendia, se trata de un “salvavidas de seguridad para las personas en riesgo de sufrir un desahucio”.

Asesoramiento, mediación y desahucios

Tres son las medidas sobre las que se centra el plan puesto en marcha por el Gobierno Vasco:

Asesoramiento a la hora de contratar una hipoteca. A través de Kontsumobide, la ciudadanía podrá recibir todo tipo de información sobre sus derechos y las precauciones que debe adoptar antes de contratar una hipoteca.

El asesoramiento consistirá en dos fases: primero, se evalúa la situación de cada persona antes de contratar el préstamo y, después, se proponen pautas de actuación para que esa persona nunca pierda el control sobre la que posiblemente vaya a ser la mayor inversión de su vida, la compra de una vivienda. En definitiva, se trata  de asesorar a las personas para que contraten la hipoteca que mejor se adecúe a sus circunstancias.

Si estás interesado en recibir asesoramiento previo a la contratación de una hipoteca ponte en contacto con Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo (www.kontsumobide.net).

Mediación entre el banco y las familias sobreendeudadas. Consiste en un servicio gratuito del Departamento de Justicia para las personas que no puedan hacer frente a su préstamo hipotecario, siempre que éste no supere los 350.000 euros. El objetivo es mediar para tratar de liquidar la deuda en las mejores condiciones posibles. Para ello, una comisión de expertos se encarga de estudiar tu capacidad económica, hablar con la entidad financiera y ofrecerte atención social.

Para acceder a este servicio es imprescindible solicitar cita previa a través de los siguientes teléfonos: Araba, 945 25 02 09 / Gipuzkoa, 943 01 14 96 / Bizkaia, 946 61 32 10 (en el mes de agosto, la atención telefónica es en el 945 01 90 91).

Posibilidad de acceder a una vivienda de protección social  en régimen de alquiler para quienes tras el desahucio estén en riesgo de exclusión social. Y ¿cuándo se considera que uno está en “riesgo de exclusión social”? Pues cuando los informes elaborados por los servicios sociales así lo certifiquen. La vivienda que se entregue en alquiler se encontrará en el ámbito de la familia desahuciada y pagarán por ella en función de su renta. Además, el Gobierno Vasco ofrece un sistema de compra de viviendas de protección hipotecadas para liberar a las personas desahuciadas de la deuda contraída con el banco. De este modo, se pretende que las entidades financieras vuelvan a facilitar créditos para la compra de una VPO puesto que será el propio Gobierno Vasco quien se encargue de asumir el riesgo de morosidad del mercado hipotecario.

• Para más información sobre horarios de atención al público, datos de contacto o documentación que debes presentar para acceder a esta ayuda consulta el folleto del Gobierno Vasco sobre el Servicio de Ayuda al Sobreendeudamiento Familiar.
• Zuzenean, servicio de atención ciudadana. Teléfono 012

La Justicia necesita una gran reforma. Eso es lo que debe pensar Alberto Ruiz-Gallardón, puesto que desde su entrada en el Ministerio de Justicia hace apenas 5 meses, son ya muchos los cambios anunciados. Copago en Justicia, Ley del Aborto, Ley del Menor, celebración de matrimonios por parte de los notarios, habilitar el mes de agosto para la celebración de juicios, instauración de la cadena perpetua… son algunas de las medidas anunciadas desde que se puso al frente del Ministerio de Justicia en diciembre de 2011.

Esta misma semana, se ha vuelto  a hablar de cambios. Estas son las nuevas propuestas de Gallardón y los matices a otras reformas que ya anunció hace meses:

• Prisión permanente revisable. Se aplicará “exclusivamente” a los delitos de terrorismo y no a los de agresión sexual contra menores. Esta medida está vigente en países como Francia, Reino Unido  y Dinamarca y, en principio, su finalidad es la reinserción social. Sobre este tema, Gallardón lo tiene claro: “es un mecanismo excepcional que solamente debe ser aplicado en aquellos casos en que la sociedad considera que no hay años bastantes, si no se produce la reinserción social, para que una persona recupere la libertad”. Por eso, ha decido que esta medida sólo se aplicará a los delitos de terrorismo, porque sólo en su caso “se puede acreditar si efectivamente ha habido una decisión firme de abandono de esa actividad terrorista”.
• Delitos de agresión sexual contra menores. Este tipo de delitos verán sus penas endurecidas en la reforma del Código Penal que se remitirá al Congreso antes del verano, y que comenzará su tramitación parlamentaria en otoño. 
• Derecho de Manifestación. El titular de Justicia ha asegurado que “el Gobierno jamás se va a alejar de la defensa de un derecho constitucional como es el de manifestación”. Ha negado que se esté estudiando “limitar en modo alguno este derecho” y ha asegurado que de lo que se está hablando “no es del ejercicio del derecho de manifestación, sino de un auténtico atentado callejero, que es lo que nosotros queremos en estos momentos modificar”.
• Cambios en la Ley del Jurado. Se modificará la Ley del Jurado para contribuir a corregir algunos defectos de funcionamiento.
• Plazas de jueces y fiscales. Esta medida ha sido ampliamente rechazada por los colectivos de jueces y fiscales, aún así, Gallardón se reafirma en su decisión aunque ya ha dicho que lamenta que este año no vayan a convocarse plazas de jueces y fiscales. Dice que esta decisión la ha tomado “con todo el dolor de corazón” como consecuencia de la gravedad de la crisis económica que padecemos.

Por el momento, sólo se van a librar de pagar las tasas judiciales aquellas personas a las que se les ha concedido la asistencia jurídica gratuita. De hecho, uno de los objetivos del copago es precisamente financiar este servicio de justicia gratuita. Además, las tasas judiciales también persiguen acabar con el colapso de los juzgados y frenar la mala utilización de la Justicia.

Estas tasas existen en España para las empresas desde 2002. Ahora, aumenta la cuantía de las mismas y se extienden también a los ciudadanos que quieran presentar una demanda en primera instancia o un recurso en segunda. Con las nuevas tasas, por ejemplo, recurrir un expediente de regulación de empleo costará 500 euros y poner una demanda mediante un proceso monitorio pasará a costar 100 euros (antes costaba la mitad).

A través de estas tasas judiciales el Gobierno pretende recaudar cerca de 300 millones de euros, frente a los 172 millones obtenidos en 2010.

Así quedan las nuevas tasas judiciales: