Acercando la Justicia a la ciudadanía

Desde que comenzara la crisis en 2008, casi 150.000 familias han perdido sus casas. Desahuciar, paradójicamente, tiene entre sus acepciones “Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea”. Un hogar, por ejemplo. Por supuesto, la RAE también recoge la acepción por la que más se conoce este verbo en los últimos tiempos: “Dicho de un dueño o de un arrendador: Despedir al inquilino o arrendatario mediante una acción legal”. Pero, ¿sabéis cuáles son las etapas previas a abandonar el inmueble?

Demanda. El impago de una cuota es motivo suficiente para que la entidad financiera reclame judicialmente el cobro de la deuda total. A la persona deudora se le notifica la demanda en el domicilio indicado en la escritura y se le da un plazo para que pague o para que se oponga a la demanda. En caso de que no pague, el siguiente paso es la fase de ejecución hipotecaria.

Subasta. El banco pide al Registro de la Propiedad un certificado de cargas del inmueble y éste sale a subasta. El valor del mismo se toma de la tasación efectuada para conceder el préstamo. La subasta puede ser pública (la realiza el juzgado) o privada (la entidad financiera). Una vez notificada a la persona deudora, la convocatoria se realiza mediante anuncios de subasta que se colocan en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, del Registro de la Propiedad o del propio juzgado. Hasta esa fecha, el deudor o la deudora aún dispone de tiempo para pagar las cuotas vencidas y restablecer su préstamo. Si esto no sucede, la un 70% del valor de tasación. Si no hay comprador/a, el banco se queda con la casa por un 60% del valor de tasación (vivienda habitual) o por el 50%.

Lanzamiento judicial. Una vez que la propiedad pasa a nombre de una entidad o de una tercera persona, el desahucio se ejecuta con un mes de plazo si se trata de una vivienda habitual, con posibilidad de otro mes de prórroga. Si no lo hace, una comitiva judicial se presentará acompañada de la policía para llevar a cabo el desalojo.

Sin embargo, a pesar de quedarse en la calle, la persona deudora no salda su deuda con el banco, los intereses de demora continúan en aumento, y éste responderá con todos sus bienes presentes y futuros.

Las tasas judiciales en el Estado se suprimieron en 1986. Sin embargo, en 2002 se aprobaron de nuevo, aunque solo para personas jurídicas. En Europa, 46 países cobran este tipo de tasas, aunque con excepciones y ayudas para los ciudadanos con rentas bajas. Nosotros recogemos un artículo de la agencia EFE en el que explican cómo se aplican en los países más importantes de la UE:

Portugal: la gratuidad de la justicia está en debate en un país donde esta es de pago. El coste varía en función del importe que esté en cuestión y si se va por lo civil o lo penal, con un mínimo de 102 euros.

Reino Unido: las personas sin recursos que reciben subsidios del Estado y los desempleados tienen derecho a una ayuda legal. Esta ayuda solo se ofrece a los individuos y no a las empresas. La justicia británica obliga a abonar una tasa judicial si se recurre ante un tribunal superior, cuya cantidad varía según el caso. Por ejemplo, por presentar ante los tribunales una solicitud de divorcio cobran unas 340 libras (unos 421 euros).

República de Irlanda: El importe de las tasas difiere según el caso y la instancia judicial.
Alemania: Se pagan tasas en todos los procesos, pero el importe varía según la suma motivo de la disputa, salvo las excepciones reguladas por otro tipo de mecanismo. Por ejemplo, si la cantidad es de hasta 300 euros, la tasa es de 25 euros. Para sumas superiores, la Ley de Costas Judiciales establece una tabla de valores por cantidades de hasta 1.500, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 200.000, 500.000 y más de 500.000 euros. 

Cuando la suma asciende hasta los 1.500 euros, hay que abonar la tasa inicial de 25 euros más 10 euros adicionales cada 300 euros. Por tanto, para una cantidad de 1.200 euros, la tasa es de 55 euros.

Cuando la cantidad alcanza los 5.000 euros, hay que pagar la tasa inicial de 25 euros, los 10 euros adicionales por cada bloque de 300 euros hasta 1.500 euros y, a partir de los 1.500 euros, 8 euros adicionales por cada 500 euros. De esta forma, por una suma de 2.500 euros, se abonan 81 euros de tasas.

Italia: el coste para la parte litigante de un procedimiento administrativo o civil depende del valor y de la materia de la causa. Si, por ejemplo, una persona litiga por una cantidad de 300.000 euros, tiene que abonar unos 1.000 euros en concepto del ‘timbre de tribunal’. Y si apela porque le han denegado la nacionalidad, deberá pagar unos 300 euros. Estas tasas conocidas como ‘timbre del tribunal’ varían según la sede judicial y las personas con rentas inferiores a los 10.500 euros están exentas del pago. No hay tasas para los procedimientos de derecho penal.

Francia: desde octubre de 2011 existe una tasa destinada a la ayuda jurídica a las personas con menos recursos. Todo aquel que acuda a una instancia jurisdiccional no penal debe abonar una tasa única de 35 euros, al igual que quienes interpongan procesos en apelación y recursos ante el Supremo. Exentos están los procesos en justicia de menores, excarcelación de presos y los que tratan de exceso de endeudamiento de particulares. En caso de ganar, se puede solicitar al juez que el pago de las tasas recaiga en la parte perdedora.

El 15 de noviembre entraron en vigor las medidas para frenar los desahucios e intentar paliar la presión social. Unas medidas que se tomaron sin acuerdo entre las fuerzas políticas y, para muchos, lejos de ser una cura para los desahucios, puede resultar un mal parche.

El texto recoge que se paralizarán durante dos años todos los procesos judiciales o extrajudiciales iniciados a la fecha de entrada en vigor del RD, siempre que no se haya ejecutado el lanzamiento. Es decir, hasta el 15 de noviembre de 2014. Además, debemos concretar que lo que paraliza es el lanzamiento, no la ejecución ni los intereses de demora. Para que nos entendamos, la ejecución continúa y la deuda aumenta. Pasados los dos años, el desalojo se llevará a cabo.

Por otro lado, el Decreto dice que la moratoria solo se aplicará cuando la vivienda se haya adjudicado en subasta al banco (durante el proceso de desahucio, la vivienda se subasta). Entonces, cuando un tercero que no sea el banco adquiera la casa en la subasta, la familia deudora se quedará en la calle.

El Decreto pretende proteger a los colectivos más vulnerables, como familias numerosas, familias monoparentales con dos hijos a cargo, tener un hijo menor de tres años, algún miembro discapacitado o dependiente, deudores en desempleo y sin prestación o ser o convivir con una víctima de la violencia de género. Claro que la casuística es interminable. Puede darse el caso de que una familia monoparental con un solo hijo no pueda hacer frente a la hipoteca, lo mismo que una unidad familiar con hijos de 4 ó 5 años. Una familia de dos hijos también tendrá que abandonar la casa, salvo que uno de ellos sea discapacitado. ¿Acaso por ello tienen menos derechos?  Los jubilados sólo se salvan si tienen cargas familiares o son dependientes.

El Gobierno ha anunciado también la creación de un fondo de viviendas de alquiler. Este fondo se nutrirá de los inmuebles que bancos y cajas han embargado a otros ciudadanos. Así que un desahuciado puede recalar en la vivienda de otro desahuciado e incluso… ¿Se podría dar la posibilidad de que lo realojaran en su propia vivienda? Por el momento, se desconoce cuál será el precio exacto de estos alquileres, cuándo se creará el parque de viviendas ni cuántas habrá. Y un dato, un desahuciado continúa siendo deudor hipotecario, por lo que aún debe dinero al banco. Si carece de dinero para hacer frente a la deuda, ¿cómo va a pagar el alquiler por muy bajo que sea? ¿Le perdonarán la deuda?

Las aplicaciones con las que JustiziaNet cuenta en la web os facilitan mucho los trámites, pero en ocasiones os surgen dudas sobre el estado de los mismos. Y aquí estamos para ayudaros, por eso en este post intentaremos aclararos qué sucede después de que pidáis un certificado por internet.

Si en la petición habéis incluido un correo electrónico, recibiréis un email en el que os informarán de que se ha recibido vuestra solicitud. La persona encargada de tramitar las solicitudes online en cada Registro Civil o Juzgado de Paz validará, en su caso, vuestra solicitud y os enviará el certificado por correo ordinario, en un plazo de entre diez y quince días, en función de la carga de trabajo del Registro y de las propias oficinas de Correos. Si durante este tiempo deseáis consultar el estado de vuestro trámite, podéis hacerlo desde vuestra casa sin problema.

Para ello, disponéis de una opción en ‘Servicios y trámites’ que se llama ‘¿Cómo va mi trámite?’. Lo único que tenéis que hacer es pinchar ahí e introducir el identificador de la persona que solicita el trámite. Por ejemplo, si el DNI es 12345678-A, tendréis que seleccionar como tipo de identificador ‘DNI’ y en número de identificación ‘12345678A’.

¡Así de sencillo! 

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